Informe Colombia

El conflicto armado de 52 años entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el gobierno culminó oficialmente en 2016 con un acuerdo de paz. La violencia relacionada con el conflicto armado disminuyó significativamente al principio, pero luego adoptó nuevas formas y persisten graves abusos.

  • En 2019, la población civil sufrió abusos a manos de miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN), disidentes de las FARC y grupos sucesores del paramilitarismo. Defensores de derechos humanos, periodistas, líderes indígenas y afrocolombianos y otros activistas comunitarios han sufrido amenazas de muerte y actos de violencia. El gobierno del presidente Iván Duque no ha tomado las medidas necesarias  para proteger a estas personas.

Entre los serios problemas de derechos humanos que persisten en Colombia se incluyen la impunidad por abusos del pasado, obstáculos a la restitución de tierras para las personas desplazadas, limitaciones a los derechos reproductivos y condiciones de pobreza extrema y aislamiento que sufren las comunidades indígenas.

Guerrillas y disidentes de las FARC

En junio de 2017, la misión política de las Naciones Unidas en Colombia verificó que los miembros de las FARC que aceptaron el acuerdo de paz con el gobierno habían entregado sus armas. La organización guerrillera desmovilizada anunció posteriormente la formación de un partido político, la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común.

Sin embargo, una minoría de guerrilleros disidentes rechazo los términos del acuerdo de paz y se negaron a entregar sus armas. Otros combatientes de las FARC se desarmaron en un primer momento pero luego crearon o integraron nuevos grupos, en parte como reacción a las deficiencias en los programas de reincorporación. En mayo, las fuerzas militares estimaban que los grupos disidentes de las FARC tenían más de 2.300 miembros.

En el departamento oriental de Arauca, en la frontera con Venezuela, un grupo disidente de las FARC ha perpetrado abusos confirmados contra civiles, incluidos aquellos que cuestionan las “normas” impuestas por el grupo. Karina García Sierra, candidata a alcaldesa de Suárez, Cauca, fue asesinada en septiembre. Las autoridades atribuyeron el hecho a un grupo disidente de las FARC.

En 2019, se acusa al ELN de cometer  graves abusos contra civiles. En el marco de su enfrentamiento con el Ejército Popular de Liberación (EPL) —un grupo residual de una organización guerrillera que se desmovilizó en la década de 1990. Los grupos obligaron a más de 3.500 personas a abandonar sus hogares en la zona nororiental de Catatumbo, entre enero y fines de julio de 2019.

En el departamento de Chocó, en la costa occidental del país, los combates entre el ELN y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) —una organización que se desprendió del paramilitarismo han continuado. El temor a las minas terrestres, las amenazas de grupos armados y la posibilidad de ser alcanzados por el fuego cruzado han limitado la posibilidad de casi 2.800 personas en Chocó de irse de sus comunidades, una situación a la que se ha dado el nombre de “confinamiento”. En comunidades que ya estaban en la pobreza, el confinamiento a menudo limita aún más el acceso a alimentos. En enero, 22 cadetes murieron y más de 60 personas resultaron heridas en un ataque con un autobomba ocurrido en una escuela de cadetes de policía en Bogotá. Algunos días más tarde, el ELN se atribuyó responsabilidad por el hecho y sostuvo que había actuado de forma “lícita dentro del derecho de la guerra”.

Los paramilitares y sus sucesores

Entre 2003 y 2006, organizaciones paramilitares de derecha que tenían estrechos vínculos con la fuerza pública y con políticos participaron en un proceso oficial de desmovilización que presentó graves falencias y tras el cual numerosos miembros permanecieron activos o simplemente se reorganizaron conformando nuevos grupos. Estos grupos siguen cometiendo violaciones del derecho de guerra y abusos graves como asesinatos, desapariciones y violaciones sexuales.

La implementación de la Ley de Justicia y Paz de 2005, que ofrece una reducción de las penas a los paramilitares desmovilizados que confiesen sus crímenes, ha avanzado lentamente. De los más de 30.000 paramilitares que se desmovilizaron, 4.000 han intentado obtener penas menos severas a cambio de una confesión. Hasta marzo de 2018, habían sido condenadas 215 personas.

Al momento de preparación de este informe, Santiago Uribe, hermano del expresidente Álvaro Uribe, se encontraba procesado por los delitos de homicidio y concierto para delinquir en relación con su presunto rol en el grupo paramilitar “Los 12 Apóstoles” en la década de 1990.

La Corte Suprema de Justicia citó al expresidente Uribe a comparecer a una indagatoria llevada a cabo en el mes de octubre para responder a señalamientos de que había presionado a testigos cuyas declaraciones lo implicarían en atrocidades cometidas por paramilitares durante la década de los noventa.

Abusos cometidos por miembros de la fuerza pública

Entre 2002 y 2008, miembros de brigadas del Ejército de Colombia ejecutaron de forma habitual a civiles, en lo que ahora se conoce como “falsos positivos”. Soldados y oficiales, presionados por sus superiores para que demostraran resultados “positivos” e incrementaran el número de bajas en el combate a las guerrillas, se llevaban por la fuerza a víctimas o las citaban en parajes remotos con promesas falsas —como ofertas de empleo—, para luego dispararles y matarlas, colocar armas junto a los cuerpos e informar que se trataba de combatientes enemigos muertos en enfrentamientos. El número de ejecuciones ilegales atribuidas a miembros de la fuerza pública se redujo drásticamente desde 2009, si bien sigue habiendo información creíble sobre algunos casos nuevos.

En septiembre de 2019, la Fiscalía General de la Nación había iniciado más de 2.000 investigaciones sobre ejecuciones ilegales perpetradas por miembros del Ejército entre 2002 y 2008, y había conseguido más de 900 condenas contra más de 1.600 soldados de los escalafones bajos y medios (esta estadística incluye condenas a las mismas personas en distintos casos). En febrero de 2019, 55 miembros de las fuerzas armadas habían declarado por su papel en los falsos positivos ante la Jurisdicción Especial para la Paz, un mecanismo de justicia transicional creado por el acuerdo de paz con las FARC.

No obstante, las autoridades, en general, no han procesado a altos mandos del Ejército presuntamente involucrados en los asesinatos. Hasta septiembre de 2019, se habían producido avances muy limitados en las causas contra 29 generales del Ejército investigados por falsos positivos.

En diciembre de 2018, el Presidente Duque designó al general Nicacio de Jesús Martínez Espinel al frente del Ejército, a pesar de las pruebas creíbles que lo vinculan con falsos positivos.

El Ejército se disculpó por el asesinato, perpetrado por uno de sus soldados, del excombatiente de las FARC Dimar Torres en Catatumbo, en la región nororiental de Colombia. Se acusó del homicidio a un sargento, y a un coronel, de encubrimiento.

En 2019, el periódico New York Times, la revista Semana y Human Rights Watch publicaron documentos que mostraban que, en 2019, el Ejército restableció políticas militares que se asemejan a las que dieron lugar a los falsos positivos. La mayoría de estas nuevas políticas seguían vigentes cuando se elaboró este informe.

En noviembre, el ministro de Defensa Guillermo Botero renunció mientras se enfrentaba a una moción de censura en el Congreso.

Violencia contra activistas comunitarios

Activistas indígenas, afrocolombianos y de otras comunidades siguen siendo blanco de amenazas y ataques. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) documentó el asesinato de 41 defensores de derechos humanos entre enero y fines de julio de 2019.

En marzo, un grupo de hombres irrumpió en la vivienda del activista comunitario Argemiro López, quien promovía la sustitución de cultivos de coca, en La Guayacana, en el municipio sudoccidental de Tumaco. Dispararon y mataron a López e hirieron a su esposa.

La mayoría de estos asesinatos ocurrieron en zonas donde son comunes las actividades económicas ilegales, incluida la producción y el tráfico de drogas. Entre estas se incluyen los departamentos de Cauca y Nariño en el sur; Catatumbo, en la zona nororiental que limita con Venezuela; y en Bajo Cauca y Sur de Córdoba en el noroeste.

En agosto, la Fiscalía General de la Nación indicó que había emitido órdenes de captura contra al menos uno de los presuntos autores en el 58 % de los homicidios de defensores de derechos humanos reportados por ACNUDH desde enero de 2016. La Fiscalía indicó que había obtenido condenas contra 62 personas. Las autoridades han logrado avances mucho más limitados en el procesamiento de los autores intelectuales del homicidio de líderes comunitarios.

La Unidad Nacional de Protección —un órgano nacional que se ocupa de proteger a personas en riesgo— ha otorgado medidas de protección individuales a cientos de defensores de derechos humanos, que incluyen la provisión de teléfonos celulares, chalecos antibalas y escoltas. Si bien estas medidas se brindan en respuesta a amenazas, muchos líderes comunitarios asesinados no habían informado amenazas ni solicitado protección.

En abril de 2018, el gobierno firmó un decreto por el que crea programas de protección colectivos para comunidades y organizaciones de derechos en riesgo. El decreto no había sido implementado al momento de redacción de este documento. Un plan de acción presentado en noviembre de 2018 para proteger a líderes comunitarios todavía no había dado resultados visibles.

Negociaciones entre gobierno y las FARC

El acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC previó la creación de una “Jurisdicción Especial para la paz” para procesar y juzgar a responsables de graves violaciones de derechos humanos y violaciones del derecho internacional humanitario cometidas durante el conflicto. Los miembros de las FARC y de las Fuerzas Armadas responsables de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra que cooperen plenamente con la nueva jurisdicción y confiesen sus delitos quedarán sujetos a penas de hasta ocho años de “restricciones efectivas de libertades y derechos”, pero no a penas de prisión.

A la fecha de preparación de este documento, los magistrados de la Jurisdicción Especial habían priorizado siete situaciones: secuestros cometidos por las FARC; casos de falsos positivos; abusos del Ejército y de las FARC contra personas afrocolombianas e indígenas en tres municipios del departamento de Nariño, en el sur del país; abusos perpetrados por las FARC y el Ejército en la región de Urabá, en el norte del país; abusos cometidos por las FARC y el Ejército en el norte del departamento de Cauca; abusos gubernamentales contra miembros del partido político Unión Patriótica, creado por las FARC en la década de 1980; y reclutamiento y uso de menores por las FARC.

Durante 2019, la Jurisdicción Especial inició investigaciones para determinar si cuatro excomandantes de las FARC habían incumplido sus obligaciones con arreglo al acuerdo de paz, incluyendo participar en la reinserción de exguerrilleros en la sociedad y declarar ante la Jurisdicción Especial. En abril, la Jurisdicción Especial dictó una orden de arresto contra uno de ellos, conocido como “El Paisa”, al determinar que no contaba con una justificación válida para haberse negado a declarar ante la Jurisdicción.

A la fecha de preparación de este informe, se desconocía el paradero de estas cuatro personas, incluido el jefe negociador del grupo, “Iván Márquez”, y “Jesús Santrich”, quien había sido solicitado en extradición a EEUU por cargos de narcotráfico. En agosto, estos cuatro excomandantes de las FARC, junto con cerca de otros 20 excomandantes de los rangos medios de las FARC, anunciaron que tomaban nuevamente las armas en respuesta a lo que llamaron una “traición del Estado al acuerdo de paz”.

En marzo, la Corte Constitucional declaró la inconstitucionalidad de disposiciones de una ley de 2018 que suspendían, a menos que los acusados solicitaran lo contrario, los procesos en la Jurisdicción Especial contra soldados de las Fuerzas Armadas colombianas, hasta que el gobierno estableciera para ellos un “procedimiento especial y diferenciado”.

Desplazamiento interno y restitución de tierras

Desde 1985, la violencia relacionada con el conflicto ha desplazado a más de 8,1 millones de colombianos, sobre una población total de 49 millones, según estadísticas gubernamentales. Cerca de 33.000 personas fueron desplazadas entre enero y fines de julio de 2019.

Los avances en la implementación de la restitución de tierras conforme a la Ley de Víctimas de 2011 siguen siendo lentos. La ley se promulgó para restituir millones de hectáreas de tierras que fueron abandonadas o robadas a personas desplazadas durante el conflicto armado. Hasta julio, la justicia había dictado sentencias en apenas 10.400 de las más de 116.000 solicitudes recibidas.

En agosto, una senadora del Centro Democrático presentó un proyecto que limitaría la restitución de tierras a casos en los que los terrenos se hayan vendido posteriormente.

Migración desde Venezuela

Colombia ha recibido hasta el momento la mayor cantidad de exiliados venezolanos que huyen de la crisis en Venezuela. Más de 1,4 millones de personas se trasladaron de Venezuela a Colombia entre marzo de 2017 y agosto de 2019.

En julio de 2017, el gobierno colombiano creó un permiso especial que habilita a regularizar su condición y a recibir permisos de trabajo y acceso a servicios públicos básicos a los ciudadanos venezolanos que ingresen al país legalmente, pero que superen el período de permanencia permitido por sus visas. Hasta julio, habían obtenido este permiso casi 600.000 venezolanos. Muchos todavía siguen en situación irregular. En agosto, el gobierno colombiano aprobó una reglamentación que permite a más de 24.000 niños y niñas venezolanos nacidos de inmigrantes indocumentados de esa nacionalidad solicitar la nacionalidad colombiana.

Derechos de mujeres y niñas

La violencia de género, incluso perpetrada por grupos armados, es un problema generalizado en Colombia. La falta de capacitación y la implementación deficiente de protocolos de tratamiento impiden el acceso oportuno a servicios médicos y generan obstáculos para las mujeres y niñas que procuran recibir atención o acceso a la justicia luego de hechos de violencia. Los responsables de violentos delitos de género rara vez responden ante la justicia.

En el municipio suroriental de Tumaco, donde hay altísimos índices de violencia sexual, incluso perpetrada por grupos armados, las mujeres enfrentan una multiplicidad de obstáculos para obtener protección y rendición de cuentas.

En Colombia, el aborto únicamente es legal cuando la vida o la salud de la mujer o niña están en riesgo, el embarazo es resultado de violación o el feto presenta complicaciones incompatibles con la vida extrauterina.

Orientación sexual e identidad de género

En los últimos años, las autoridades han dado varios pasos importantes para reconocer los derechos de lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero (LGBT). En 2015, el Ministerio de Justicia dictó un decreto que permitió que las personas modificaran el género consignado en sus documentos de identidad sin necesidad de aprobación judicial previa. También en ese año, la Corte Constitucional dispuso que no podían invocarse motivos de orientación sexual para negar a los colombianos la posibilidad de adoptar un hijo. En 2016, la Corte Constitucional reafirmó el derecho de las parejas del mismo sexo a contraer matrimonio.

Derechos indígenas

La población indígena de Colombia está afectada por niveles desproporcionados de pobreza que obstaculizan significativamente la posibilidad de que gocen plenamente de sus derechos sociales y económicos. Entre enero y mediados de agosto de 2019, al menos 21 niños y niñas de menos de cinco años —en su mayoría de las comunidades indígenas wayuus— murieron en el departamento de La Guajira por causas vinculadas con desnutrición y acceso limitado al agua potable segura. En agosto de 2019, el Procurador General de la Nación señaló que el gobierno no había realizado acciones coordinadas para atender la crisis.

Actores internacionales en Colombia

Estados Unidos sigue siendo el actor extranjero con mayor influencia en Colombia. En Junio, la Cámara de Representantes de EE. UU. Aprobó al menos USD 457 millones para Colombia; el proyecto de ley estaba en trámite en el Senado cuando se preparó este informe. Pese a que parte de la ayuda militar proveniente de Estados Unidos está supeditada a requisitos en materia de derechos humanos, el Departamento de Estado de Estados Unidos no ha exigido rigurosamente su cumplimiento. En 2016, a pedido del gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos, el Consejo de Seguridad de la ONU creó una misión política en Colombia para dar seguimiento al acuerdo de paz con las FARC y verificar su implementación. En julio de 2019, el Presidente Duque pidió al Consejo de Seguridad que extendiera un año más el mandato de la misión de la ONU.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) sigue teniendo un rol clave en la defensa y promoción de los derechos humanos en Colombia. En octubre, el gobierno y el alto comisionado renegociaron el acuerdo que creó la oficina de ACNUDH en Colombia y ampliaron su mandato otros tres años.

COVID 19

El control de la pandemia en Colombia ha tenido distintos enfoques y actores, siendo el principal a cargo de las autoridades sanitarias del país, pero también existe una actuación paralela por parte de grupos armados en zonas donde no tiene acceso la autoridad sanitaria central.

Nuestras investigaciones demuestran que los grupos armados informaron a las poblaciones locales que estaban imponiendo reglas para evitar la propagación de Covid-19 en al menos 11 de los 32 departamentos de Colombia: Arauca, Bolívar, Caquetá, Cauca, Chocó, Córdoba, Guaviare, Huila, Nariño, Norte de Santander y Putumayo. En al menos cinco de estos departamentos, los grupos utilizaron la violencia para imponer el cumplimiento de sus normas, y en al menos otros cuatro amenazaron con recurrir a la violencia.

Los grupos han comunicado, generalmente a través de panfletos y mensajes de Whatsapp, una amplia variedad de medidas que incluyen toques de queda; cuarentenas; restricciones a la circulación de personas, automóviles y embarcaciones; límites con respecto a los días y horarios de apertura de tiendas; y la prohibición de acceso a las comunidades para extranjeros y personas de otras zonas del país. Las medidas que imponen los grupos armados suelen ser más severas que las establecidas por el gobierno, que permite que las personas salgan de sus casas para acceder a servicios de salud o bancos, así como en otros casos de grave necesidad, incluso durante los horarios de toques de queda. Sin embargo, trabajadores humanitarios dijeron que grupos armados en zonas de Nariño, Arauca, Putumayo y Guaviare no han permitido que las personas, incluyendo los enfermos, salgan de sus casas durante los toques de queda establecidos por los grupos.

Conforme al derecho internacional de los derechos humanos, el gobierno colombiano tiene la obligación de proteger los derechos a la vida y a la integridad física, adoptando medidas de prevención adecuadas frente a amenazas razonablemente previsibles por parte de actores privados, incluyendo grupos de crimen organizado y otros grupos armados. El derecho internacional humanitario también se aplica a todas las partes de los conflictos armados que actualmente tienen lugar en Colombia. El derecho internacional humanitario prohíbe los ataques deliberados contra civiles y exige que se respeten sus derechos.

DIRIGENTES SOCIALES ASESINADOS

En los primeros seis meses del año 2020 se han cometido más de 1200 asesinatos de dirigentes sociales en Colombia de acuerdo a información entregada por Indepaz, en cuyo contexto el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza, condenó el “pavoroso silencio” de la comunidad internacional ante la masacre de líderes sociales y defensores de derechos humanos en Colombia, que acumula más de 100 en lo que va de 2020, según estadísticas del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), disponibles en su portal web.