Informe Venezuela

La situación de los derechos humanos en Venezuela ha sido un tema controversial acompañado siempre de calificaciones o descalificaciones que muchas veces nos desvía del tema principal, como es el respeto irrestricto a los defensa de estos derechos bajo cualquier circunstancia.

Desde el anuncio sobre la elaboración de estos informes hemos recibido sugerencias, “recomendaciones” y en algunos casos hasta amenazas.  También se nos ha exigido que en nuestros informes se califique al gobierno de Venezuela como dictadura.

Podemos responder a esto con un trabajo serio en que nuestros profesionales, en sus informes, reflejan la transparencia, independencia y profesionalismo en la hermosa tarea que hemos emprendido.

DHSF respeta la soberanía de los países para resolver sus problemas o disputas internas, con los mecanismos constitucionales que cada país tenga para ello y en Venezuela existe un gobierno y una oposición activa, dentro y fuera del país, una asamblea nacional con mayoría opositora y una asamblea nacional constituyente, por tanto, no es una “dictadura de partido único”, sino un estado donde la oposición cuenta con garantías para expresarse e, incluso, participar en llamados a las FFAA para derrocar el gobierno establecido, lo que en cualquier democracia sería definido como sedición.

Para la elaboración de este informe hemos consultado a organizaciones de la sociedad civil y a instancias formales del estado que, entre sus estamentos, contempla la defensa de los derechos humanos, como la Asamblea Nacional Constituyente y otras de Venezuela.

Agradecemos a la oficina de la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU por entregarnos los documentos solicitados y a los hombres y mujeres que bajo distintas circunstancias han hecho posible estos informes.

Buenos Aires, Agosto de 2020.

Sobre el informe de la Alta comisionada para los DDHH

El informe de la alta comisionada para los DDHH de la ONU sobre Venezuela ha tenido variados cuestionamientos debido, fundamentalmente,  a su falta de rigor  y objetividad, cuadro en el que  nos parece interesante el análisis elaborado por la Profesora Pasqualina Curcio, referido a la situación de estos derechos donde  responde a la Alta Comisionada de la ONU Michelle Bachelet en que señala:

“El informe es sesgado y carece de rigurosidad. El propio título así lo muestra al establecer un juicio a priori acerca de la “violación” de los derechos humanos en Venezuela. Así como los términos en los que fue escrito el objetivo en el que no solo afirman que hay presencia de supuestas violaciones de los DDHH, sino que además las califican de graves: “El informe tiene como objetivo documentar la comisión (sic) de graves violaciones de los derechos humanos en el país con el fin de contribuir a la implementación de medidas efectivas de reparación e impedir su repetición, así como a una mejor comprensión de sus causas fundamentales. Abundan afirmaciones imprecisas, con adjetivos indefinidos, basadas exclusivamente en opiniones, juicios y valoraciones de los factores políticos que hacen oposición al gobierno nacional. Frases como las siguientes caracterizan el informe restándole seriedad y credibilidad”.

“A la ligera se parte de falsas premisas de las cuales se infiere y se sacan conclusiones. Los informes no ofrecen pruebas que demuestren la veracidad de las afirmaciones. En los casos en los que se muestran cifras, éstas no son las oficiales, Son tomadas de estimaciones que no siguen procedimientos metodológicos rigurosos y objetivos. Un ejemplo es la Encuesta de Condiciones de Vida (ENCOVI) una de las fuentes citadas en el informe. Debemos resaltar que la metodología empleada en el levantamiento de dicha encuesta tiene grave fallas metodológicas. Aspectos básicos como la definición de las unidades de análisis en la que confunden hogares y número de personas resta confianza en dicho instrumento de levantamiento de información. Así como el hecho de que en la ficha técnica referida a la estimación de la pobreza en Venezuela, los autores de la encuesta reconocen no contar con el dato relacionado al precio de la canasta básica, insumo imprescindible para el cálculo de la pobreza medida por ingresos, lo cual constituye un gravísimo error metodológico (ficha técnica de ENCOVI).

En cuanto a las referencias, la mayoría, son de medios de comunicación manifiestamente contrarios al gobierno nacional, poniendo en evidencia el sesgo del informe y la intención tendenciosa que subyace. No se mencionan en el informe las iniciativas de políticas adelantadas por el Gobierno Nacional para superar la situación económica y social que actualmente vive el pueblo venezolano y enfrentar los efectos de la guerra económica.

Cuando lo hacen es para, sin fundamento, desacreditarlas. La oficina para los derechos humanos ONU ignoró la información presentada por FUNDALATIN en reiteradas oportunidades, tanto en espacios de debate como a los relatores para cada una de las áreas. Lo que resta credibilidad a la imparcialidad del informe presentado por la mencionada oficina. De la misma manera, ignoró el informe presentado por el relator independiente Alfred de Zayas quien luego de una visita a Venezuela consignó un documento al alto comisionado”.

Con posterioridad a estas observaciones, en julio de 2020, la OACNUDH publicó el informe denominado Resultados de la investigación de las denuncias de posibles violaciones de los derechos humanos a la vida, la libertad y la integridad física y moral en la República Bolivariana de Venezuela”, el cual, a pesar de cuestionamientos de las autoridades venezolanas por exhibir supuestas situaciones en materia de DDHH que no se corresponden con la realidad, omitir los datos ofrecidos oportunamente por los encargados de ver estos asuntos en el gobierno de Venezuela y, en lugar de ello, “respaldaron informaciones provenientes de instancias seriamente cuestionadas, algunas de ellas financiadas por quienes realizan campañas en contra de  Venezuela, como es el  caso de USAID y NED con claros fines políticos”, es un claro avance en comparación con el informe anterior.

Es importante destacar que  existe un acuerdo formal entre la oficina de la alta comisionada de la ONU para los DDHH y el gobierno de Venezuela, reforzado a partir de la Carta de Entendimiento firmada el pasado 20 de septiembre de 2019 entre ambas instancias. Uno de los resultados más evidentes de esta colaboración se encuentra en el último documento que se distancia notablemente del cuestionado informe sobre Venezuela presentado por la Alta Comisionada en julio de 2019.

Para DHSF son importantes las conclusiones del informe que dice:

El ACNUDH acoge con agrado el aumento de la cooperación con las autoridades para promover el respeto, la protección y el cumplimiento de los derechos humanos gracias a su presencia en el país. El ACNUDH también manifiesta su satisfacción con los esfuerzos del Gobierno para comprometerse aún más con los mecanismos internacionales de derechos humanos, en particular con el sistema de procedimientos especiales, y mediante el establecimiento de un mecanismo nacional de presentación de informes y seguimiento.

La ampliación del acceso del ACNUDH a los centros de detención y a las personas detenidas y la consolidación del mecanismo establecido para remitir a las autoridades los casos individuales constituyen instrumentos de protección fundamentales que podrían servir de catalizadores de las reformas necesarias para garantizar el respeto de los derechos humanos”.

Situación económica y desabastecimiento.

Analizados los documentos de expertos estos destacan un nuevo escenario y excepcionalidades de la situación económica, política y social de Venezuela que tradicionalmente se han conocido de manera sesgada o incompleta, donde es importante ver los datos de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), adscrita al Sistema de Naciones Unidas, para señalar que en 2019 la economía de Venezuela se contrajo un 25,5% y se prevé que en 2020 se contraiga entre un 13% y un 28%. Entre las causas de esta caída reconocen el impacto de las Medidas Coercitivas Unilaterales –MCU- de EEUU contra la totalidad de la economía venezolana, en lo cual han influido, “el aumento de las sanciones económicas y financieras que ha exacerbado la crisis económica y social preexistente al mermar recursos que podrían haberse utilizado para proteger adecuadamente los derechos económicos y sociales y hacerlos plenamente efectivos”, dejando claro que son estas medidas las generadoras de privaciones a la población venezolana.

Es importante  reiterar que las acciones impulsadas por EEUU como el congelamiento de bienes y cuentas, la inhabilitación de  Venezuela en el mercado petrolero, además de las tomadas en contra  de aerolíneas, han agudizado la crisis, creando situaciones de desabastecimiento durante 2019, además del bloqueo que incluye medicamentos en tiempos de pandemia, son elementos que deben ser considerados al revisar la situación de los DDHH, puesto que todos ellos influyen en la situación general del país. Además, las sanciones han obstaculizado las importaciones y perturbado la producción y distribución de alimentos; restringido el acceso a los servicios de transporte y muy gravemente lo referente a salud, complicando con ello una respuesta más efectiva para enfrentar  la crisis sanitaria del COVID-19.

Informes independientes sobre el estado de los DDHH en Venezuela reconocen que  las medidas aplicadas por el gobierno venezolano en materia monetaria desde el año 2019 han servido para “contener la hiperinflación y aumentar la disponibilidad de bienes”. Este es un salto narrativo importante en comparación con informes anteriores donde solo se hacía referencia a la “ineficaz” política económica de las autoridades venezolanas. El informe último de  la oficina de la alta comisionada corrige datos anteriores y explica los esfuerzos en materia de ajuste nominal del salario mencionando su aumento “en un 1.200% desde el mes de julio de 2019 al mes de mayo de 2020”.

De la misma manera, valoran positivamente las políticas de inversión social, el subsidio de los servicios públicos y las modalidades de asignación económica del Estado.

En enero de 2020, el Gobierno de Venezuela informó que el gasto social representaba el 76% del presupuesto nacional y que había mantenido la distribución de alimentos subvencionados a unos 6,2 millones de hogares. También informó que seguía transfiriendo dinero periódicamente a unos 17 millones de personas, titulares del ‘Carnet de la Patria’, y manteniendo un alto nivel de subvención de la mayoría de los servicios públicos.

Labor policial y derechos ciudadanos

En un salto narrativo sobre lo que ocurre en Venezuela,  las organizaciones de los DDHH, la misión de la ACNUDH y otras, dan reconocimiento, al rol de las instancias del orden público para el manejo de situaciones de conflictividad y desorden público se puede señalar: “los oficiales de seguridad actuaron por lo general de manera contenida y, en la mayoría de los casos, respetaron las normas y estándares internacionales en materia de control de multitudes. El Gobierno organizó programas de capacitación para las fuerzas de seguridad sobre el uso de la fuerza y las normas de derechos humanos”. Es rescatable la “Gran Misión Cuadrantes de Paz” con una clara disminución de homicidios en el país. “Entre 2016 y 2019 la tasa de homicidios se redujo de 56 a 21 por cada 100.000 habitantes”.

Por otro lado, y aun con señalamientos contra cuerpos como las Fuerzas de Actividades Especiales (FAES), el informe sobre la lucha institucional desde las fuerzas policiales e instancias de justicia para el respeto a los DDHH. Indica que: “entre 2017 y el primer trimestre de 2020, se acusó de homicidio a un total de 731 miembros de las fuerzas de seguridad; 492 de ellos fueron imputados, 436 fueron privados de libertad y 117 condenados por el delito de homicidio. En ese mismo período, el Ministerio Público inició 4.890 investigaciones por las muertes violentas en el marco de las operaciones de seguridad, de las que en marzo de 2020, 4.861 se encontraban en su fase preliminar, 15 en su fase intermedia y 13 en juicio.

Sobre el sistema de justicia y penitenciario

Un elemento a destacar son las medidas adoptadas por el Ministerio de Servicios Penitenciarios para garantizar los derechos humanos, incluyendo la inversión en infraestructura y la implementación del nuevo régimen, donde se reconoce la disminución de violencia en los centros penitenciarios. La información sobre este ítem se realizó directamente por los integrantes de la comisión designada por la ACNUDH para estos efectos que en su informe señalan:

“Se efectuaron 13 visitas a 11 centros penitenciarios, 10 de ellos administrados por el Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario y uno por el Ministerio del Poder Popular para la Defensa. El ACNUDH entrevistó a 134 personas detenidas con ocasión de dichas visitas. El ACNUDH manifiesta su agradecimiento por la cooperación positiva de las autoridades que permitieron el acceso a los centros en cuestión”. Se ha reconocido por parte de las autoridades que “el retardo procesal es la principal causa del hacinamiento carcelario”.

Sobre política interna

Después de revisar informes de instituciones independientes y de la Comisión Nacional de DDHH de la Asamblea Nacional constituyente, constatamos que, a nivel internacional, se refuerza el reconocimiento del Sistema de Naciones Unidas al gobierno en funciones liderado por el presidente Nicolás Maduro en Venezuela, así como a las instancias que componen el tejido institucional del país, lo que contrasta con iniciativas desarrolladas por opositores fuera de Venezuela mediante la formulación de un gobierno paralelo impulsado por la administración del presidente Trump, en contraposición con la ACNUDH que reconoce la institucionalidad venezolana del presidente Maduro, lo que ha quedado ampliamente ratificado mediante la relación de colaboración institucional que ha hecho posible visitas a lugares de detención, reuniones con opositores y destacar “la necesidad de un diálogo político interno, con referencia a la necesidad de que esto allane las posibilidades de un mejoramiento en la situación económica y social del país”.

La grave crisis y el estancamiento político están afectando a millones de venezolanos y exigen que todas las partes interesadas adopten medidas urgentes. DHSF Comparte plenamente el llamado  que la ACNUDH ha realizado “en favor de un diálogo político y social inclusivo basado en un programa integral de derechos humanos”, y está dispuesta a prestar su apoyo para conseguir que los derechos humanos de todos los venezolanos estén en el centro de una solución negociada y pacífica”.

Sobre el tema de los detenidos por el estado venezolano, al ser muchos acusados de participar en actividades lesivas a la República, se constata que este es uno de los principales argumentos de los sectores opositores al gobierno de Venezuela en materia de DDHH, presentando en el exterior denuncias a través de  instancias no gubernamentales e instituciones, como el propio Consejo de DDHH de la ONU. Sin embargo, aún en los tonos de objeción y referencias específicas donde señalan “arbitrariedades”, hay reconocimiento al estado de “avances” en esta materia. En este escenario consideramos positivos los resultados obtenidos por la Comisión de la Verdad, Justicia, Paz y Atención a las Víctimas de la violencia política, por lo cual “el poder judicial ha concedido recientemente la libertad a 43 personas (36 hombres y seis mujeres)”.

También se nos informa que “en mayo de 2020, se concedió la libertad condicional a 24 personas detenidas en la DGCIM de Boleíta y el SEBIN de Helicoide. Esto ocurrió tras la liberación de 62 personas de conformidad con los compromisos adquiridos con ocasión de la visita a la República Bolivariana de Venezuela de la Alta Comisionada, figurando entre ellos los casos calificados de arbitrarios por el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria. Hay que puntualizar también que la categoría de “presos políticos” desapareció en este informe, siendo sustituida por la categoría de personas detenidas “de manera arbitraria o ilegal”. Ese elemento no es un dato menor. Sobre el tema de la situación de los detenidos y que han sido privados de libertad, sobre sus procesos judiciales y derechos elementales, la palabra “violaciones” prácticamente desaparece de este informe y es sustituida por otros adjetivos claramente matizados. Llama la atención que, a diferencia de otros países de América Latina, en Venezuela exista una ley especial para condenar los crímenes de odio:

En Venezuela, la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, también conocida simplemente como Ley contra el Odio, fue aprobada por unanimidad en la Asamblea Nacional Constituyente y publicada en la Gaceta Oficial Nº 41.274, del el 8 de noviembre de 2017.

Emigrantes  y refugiados.

Sobre el número de personas que han abandonado Venezuela constatamos distintas versiones o explicaciones. En varios informes de instituciones internacionales de los DDHH se dice:

“El número cada vez mayor de venezolanos que huyen de su país es el reflejo más crudo del deterioro de la situación socioeconómica y de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela”.

En informe enviado a DHSF por la presidenta de la comisión de DDHH  de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, María Alejandra Díaz dice:

“Es importante resaltar la distinción entre refugiados y migrantes, entendiendo los primeros como aquellos en los que las personas salen de su país de manera forzada por persecución, mientras que en el caso de la migración, lo cual es un derecho humano, las salidas son voluntarias, pudiendo retornar cuando lo deseen.  En cuanto a la primera categoría, la de refugiados, en el informe del 2018 de la Agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR) titulado “Tendencias globales. Desplazamiento forzado en 2017” Venezuela no figura entre los principales países que solicitan asilo. Es de hacer notar la paradoja en cuanto a que a pesar de que es Venezuela el país receptor de colombianos que solicitan asilo, la califican como una situación humanitaria, mientras que ACNUR no hace lo propio con Colombia.

En Venezuela viven 5.600.000 colombianos, 400.000 ecuatorianos y 500.000 peruanos. Somos el país que más número de migrantes ha protegido y además se les ha garantizado no solo su derecho a migrar, sino el resto de los derechos, entre ellos a la salud, a la educación, a la vivienda, además de los civiles y políticos. Solo los últimos 5 años el gobierno de Venezuela les ha entregado viviendas a 438100 colombianos. Cada una de aproximadamente 70 m2, y al precio del metro en Colombia, la ayuda equivale a US$ 43 mil millones. Los últimos 2 años, desde el 2016 se le han entregado alimentos a precios subsidiados a 1.000.000 de hogares colombianos, lo que equivale a alrededor de US$300 millones anuales. En cuanto al derecho a la salud, en Venezuela, y a través de la Misión Barrio Adentro, se han realizado 11.220.000 consultas médicas a colombianos, lo que representa el 17% del total de consultas a nivel nacional”.

En cuanto a los flujos migratorios en la frontera con Colombia, es importante resaltar que históricamente ha existido dicha movilidad y según informó la propia Cancillería de Colombia como resultado de un estudio realizado conjuntamente con ACNUR, el 69% de los venezolanos que atraviesa la frontera hacia el país vecino, manifestó su intención de regresar el mismo día, mientras que el 25% los meses siguientes. El 5% manifestó querer quedarse en Colombia mientras que el otro 5% manifestó querer ir a otros países. Los motivos del flujo migratorio en la frontera colombo venezolana está relacionado principalmente y en 52% por personas que realizan compras, el 14% por motivos de trabajo, el 17% atraviesa la frontera para visitar a sus familiares, 2% por estudios, 5% por turismo y el resto, 10% para otras actividades. En cuanto a la condición de refugiado, es importante resaltar que aunque el número de nuevas solicitudes, según el informe de ACNUR, haya aumentado los últimos años (“los nacionales de Venezuela constituyeron la cuarta nacionalidad en cuanto a número del total de nuevas solicitudes de asilo presentadas en 2017, con 111.600 registradas, frente a 34.200 en 2016 y 10.200 en 2015”39) el número de personas que efectivamente se encuentra en esa condición es 787640.

En DHSF se han recibido testimonios de personas desesperadas por volver a Venezuela, algunos de los cuales han llegado, incluso, a instalar verdaderos campamentos en las puertas de embajadas en diversos países del continente, en que solicitan a las autoridades que se les faciliten medios para regresar a su país de origen, creando con ello situaciones sanitarias delicadas que, por las precauciones que requiere el COVID 19, pone en peligro sus vidas.

Ante esto es importante destacar las medidas adoptadas por Venezuela para iniciar un proceso repatriación de migrantes provenientes de otros países en el marco de la pandemia, lo que es reconocido  en el reciente informe de la ONU, que contrasta notablemente con un informe anterior con detalles destemplados sobre la diáspora venezolana.

 Hasta Julio de 2020 el gobierno de Venezuela en su diseño  de retorno para hombres y mujeres de nacionalidad venezolana, ha establecido lugares de atención médica y cuarentenas iniciales una vez retornados, a través del programa  “Plan regreso a la Patria”

Gestión del gobierno  frente a la pandemia Covid-19

Es importante señalar que distintos organismos internacionales,  entre ellos la oficina de la  alta comisionada para los DDHH, reconoce a Venezuela como uno de los países con menos casos confirmados de Covid-19 en el continente, valorando la efectividad de las medidas aplicadas en el marco de esta crisis sanitaria “gracias a la cuarentena temprana, la identificación anticipativa de casos positivos y las campañas de información”, refiere el informe citando al gobierno venezolano. De esta manera deja como precedente oficial por parte la OACNUDH el significado, responsabilidad y gravedad del bloqueo económico y sanitario  como delitos de lesa humanidad, en el marco de vulnerabilidad y riesgo que ha generado la actual crisis sanitaria.

 “Operación Gedeón”,

Durante el período al que se refiere el presente informe, el Gobierno de Venezuela declaró que las fuerzas de seguridad y servicios de inteligencia habían frustrado varios intentos de insurrección, rebelión y asalto a bases militares, entre ellos una incursión de antiguos miembros de las fuerzas armadas venezolanas con miembros de las Fuerzas Especiales de los Estados Unidos de América, hechos ocurridos en el estado Vargas, los días 3 y 4 de mayo de 2020.

La situación producida tiene relevancia puesto que, a diferencia de otros momentos e incursiones, donde fueron menoscabadas este tipo de denuncias, ahora son recepcionadas con preocupación por autoridades nacionales e internacionales debido a su implicancia y consecuencias  en la estabilidad interna y la seguridad estratégica no solo de Venezuela, sino por el peligro que significa para la paz en la región, lo que se encuentra en conocimiento de Naciones Unidas.

 Los hechos denunciados demuestran, por otra parte, que algunos opositores al presidente Maduro, han dejado las formas pacificas de oposición al gobierno para provocar un conflicto, utilizando para ello extranjeros en su propio país.

La denuncia sobre estos hechos involucra a numerosos actores de la oposición en Venezuela, especialmente al diputado que se auto proclamo presidente encargado, lo que consta en un contrato que, al definir su objeto señala que este busca ejecutar una operación para “capturar / detener / eliminar a Nicolás Maduro (después del “Objetivo Primario”), eliminar el actual Régimen e instalar al reconocido presidente venezolano Juan Guaidó. Esta operación en lo sucesivo se denomina “Operación de Resolución de Proyectos”.

La denuncia, con detenidos confesos, incluidas personas con ciudadanía norteamericana, es indicador de la enorme injerencia externa en Venezuela cuyo objeto es derrocar al gobierno, para lo cual se prestan venezolanos que, al actuar de esta forma, demuestran su desprecio por el respeto a los derechos humanos sin importar el costo en vidas que pueden tener aventuras de este tipo.

Derechos Humanos Sin Fronteras comparte plenamente lo señalado por la oficina de la alta comisionada para los DDHH de Naciones Unidas donde sobre estos hechos dice:

“El ACNUDH condena los varios intentos reportados de insurrección armada contra el Gobierno y reconoce su derecho a impedir esos actos, de conformidad con el derecho internacional en materia de derechos humanos, y a procesar con justicia a los implicados”.

Buenos Aires, Agosto de 2020.-