Informe Marruecos

MARRUECOS.

En los últimos años el  reino de marruecos ha sido objeto de observaciones sobre el respeto a los derechos humanos por parte de importantes organizaciones internacionales de los derechos humanos, siendo la última de estas acusaciones la formulada por Amnistía internacional. Antes lo había hecho HRW, con referencia a personas que “permanecen en prisión después de ser condenados por juicios injustos en 2013 y 2017”, donde  los tribunales “se basaron casi por completo en confesiones sin investigar seriamente las acusaciones de que los acusados habían firmado sus confesiones bajo tortura sin poder leerlas”. Otro de los temas recurrentes de AI, HRW y otras que otorgan legitimidad a un grupo conocido como frente polisario, se relaciona con “procesos judiciales indebidos, practica de tortura y represión en contra de homosexuales”.

Después de consultar documentos, leyes y decretos. Solicitar información a organizaciones independientes de los DDHH, realizar un trabajo comparativo de las observaciones formuladas, como también un análisis de la política oficial en esta materia, DHSF entrega sus conclusiones, sobre el estado de los derechos humanos en Marruecos.

DHH y garantías constitucionales en Marruecos

Marruecos reconoce en su constitución que los derechos humanos fundamentales se basan en los atributos de la persona humana y que  el respeto de los derechos de las personas deben garantizar necesariamente los derechos humanos. Marruecos ha firmado tratados comprometiéndose al respeto de los DDHH y es miembro de numerosas instituciones encargadas de velar por estos derechos, siendo destacado en numerosas entidades internacionales como ejemplo en la protección de los derechos humanos, donde ha presentado mociones y proyectos de resolución con este fin, siendo la última de estas la resolución presentada por el embajador permanente de Marruecos ante el consejo de derechos humanos de Naciones Unidas en Ginebra para “proteger a las poblaciones del genocidio, los crímenes de guerra, la depuración étnica y los crímenes de lesa humanidad, donde se pide al Alto Comisionado para los Derechos Humanos que, para su cumplimiento, “se ponga en contacto con los Estados y organismos pertinentes de Naciones Unidas, los titulares de mandatos, la sociedad civil y las instituciones nacionales de derechos humanos”.

Recientemente, casi mil organizaciones con existencia legal en la zona del Sahara marroquí han entregado carta a Michelle Bachelet, alta comisionada de los DDHH de la ONU, con el fin de hacerle ver los atropellos a estos derechos que se cometen en los campamentos de refugiados ubicados geográficamente en la zona de Tinduf, territorio de Argelia, donde un grupo armado, conocido como frente Polisario, mantiene cárceles secretas en las cuales, después de permanecer largos años encarcelados, han sido asesinados numerosos disidentes pertenecientes a este grupo.

Debido a que los abusos del frente polisario no se cometen en Marruecos, sino en  territorio argelino, lo referente a estos campamentos y otras acciones ilegales, además de la apropiación indebida y comercialización de la ayuda humanitaria enviada a estos campamentos, será visto en el informe correspondiente a Argelia.

LIBERTAD DE ASOCIACIÓN EN MARRUECOS

La libertad de asociación y expresión se encuentran garantizados por la constitución de Marruecos. De acuerdo a esto, las asociaciones y organismos de la sociedad civil son un socio esencial para proteger y promover los derechos humanos y revitalizar la vida democrática. El número de este tipo de organismos ha aumentado considerablemente en los últimos años, acercándose actualmente a casi 200 000 asociaciones que operan en una variedad de campos. Estos roles se encuentran fortalecidos por la constitución de 2011, particularmente lo referente a democracia participativa. Sin embargo, en su implementación, en algunos casos, se han registrado obstáculos por prácticas administrativas contrarias a la ley, impidiendo a los ciudadanos la libertad de asociación que les garantiza la constitución. Las autoridades locales a veces requieren que este tipo de organizaciones proporcionen documentos que no están previstos en el permiso de crear asociaciones, lo que causa molestia en algunas organizaciones.

A lo anterior se suma que existen otras dificultades que las sociedades aún enfrentan, entre otras, los limitados recursos financieros, lo que les impide cumplir sus funciones, especialmente en lo referente a la democracia participativa.

El Centro Sahara por Estudios de desarrollo y Derechos Humanos ha formulado las siguientes recomendaciones:

  • Revisar los requisitos legales relacionados con el establecimiento y las decisiones de renovación, el financiamiento y la utilización de salones públicos para organizar actividades, de una manera que garantice ejercer la libertad de asociación de conformidad con la Constitución y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
  • Revisar los requisitos legales relacionados con las asociaciones mediante la sustitución de penas de prisión por multas.
  • Permitir que los niños entre las edades de 15 y 18 años establezcan sus propias sociedades en aplicación del principio del derecho a participar.

DETENIDOS EN MANIFESTACIONES.

Durante los últimos años se ha registrado, efectivamente, la detención de personas en manifestaciones públicas, sobre lo cual las autoridades judiciales de este país manifiestan que, ante hechos violentos y, como en cualquier lugar del mundo, se procede a la detención de quienes promueven la violencia  y se aplica la ley que corresponde, desechando acusaciones de que estas detenciones serían en contra de grupos determinados porque, no hay leyes especiales en contra de las personas y a nadie se detiene por su origen, ideas o condición”.

De acuerdo a la información recopilada por DHSF, en Marruecos se registran cientos de manifestaciones al año con permiso de la autoridad, donde las autorizaciones pueden ser solicitadas como organismo de la sociedad civil o personas naturales. En las más concurridas se producen incidentes y cuando hay detenciones por hechos de violencia, los detenidos, son puestos a disposición de la justicia que es, en definitiva y con independencia de otros poderes del estado, la que resuelve.  

Al ser reconocido constitucionalmente el derecho a la protesta pacífica, diversos movimientos que hacen de la calle un espacio para reclamar sus demandas,  están aumentando constantemente, registrándose el último año 46 manifestaciones por día aproximadamente.

Según la información disponible en el consejo nacional de derechos humanos, las manifestaciones de protesta son diferentes a las que Marruecos ha conocido en el pasado, en términos de tiempo o contenidos, reflejándose en estas la fuerte conciencia de los ciudadanos sobre sus derechos. Sobre lo señalado, organizaciones de DDHH de marruecos recomiendan:

  • Garantizar el derecho de manifestación y reunión pacífica, incluso si no cumple con procedimientos de notificación.
  • Abrir la posibilidad del permiso inicial para otro tipo de manifestaciones, como por  Internet y espacios digitales.

SITUACIÓN EN CARCELES Y LUGARES DE RECLUSIÓN.

Actualmente en Marruecos existe una población penal superior a 85 mil personas. El Consejo Nacional de los Derechos Humanos es el organismo encargado de ver y supervisar esta situación, efectuando visitas periódicas a las cárceles. El último  año se registran más de 200 visitas a prisiones por parte de este organismo. Los funcionarios aseguran no hacer diferencias entre los detenidos, solo con trato especial a los presos por terrorismo (yihadista), con quienes desarrolla un programa de reconciliación. Este trabajo de las autoridades marroquíes ha sido destacado por organismos internacionales, especialmente el esfuerzo por mejorar las condiciones al interior de los penales y la preocupación por la salud de quienes están privados de libertad, a los que se les procura medicamentos y atención médica. Hace un año cobró notoriedad un preso repatriado desde Dinamarca, condenado por un delito terrorista y que sufre de diabetes.

Presos saharauis

Sobre discriminación con los “presos civiles saharauis” y posible contagio del COVID 19 en ellos, se ha confirmado, por una organización independiente de los DDHH, que no existe tal discriminación y que el tratamiento y medidas contra el virus, se ejecuta sin discriminación de ningún tipo, garantizando a los detenidos “cuidados médicos, derecho a comunicaciones y visitas familiares”. Lo anterior incluye a los presos saharauis, a los cuales el  CNDH ha visitado recientemente en las cárceles de Salé y Guelmim.

CASOS DE TORTURA.

Sobre denuncias de tortura a los detenidos, el Centro de Estudios para el  Sahara y los Derechos Humanos nos dice que Marruecos trabaja en la elaboración de un “mecanismo nacional de prevención contra la tortura“, que actúe con autonomía y que permita al CNDH visitar todo lugar donde haya personas privadas de libertad, incluso sin aviso previo. Sus prerrogativas están de acuerdo al Protocolo Opcional de la Tortura de la ONU. Esta medida permite acoger denuncias de malos tratos o trato inhumano, con facultades para tomar medidas administrativas en contra de quienes puedan ser denunciados, lo que ha generado positivos cambios en la institución carcelaria en su comportamiento con los detenidos. Estos derechos se encuentran garantizados en el  artículo 21 de la Constitución marroquí de 2011, que se complementa con el artículo 23 de dicha constitución que establece: “la detención arbitraria o secreta y la desaparición forzada de personas son crímenes de la mayor gravedad y exponen a sus autores a los castigos más severos”.

El año 2019 la Comisión Nacional de Derechos Humanos registró 20 denuncias por “tortura” y otras 58 por “malos tratos”. El informe sobre estas denuncias concluye que: “la mayoría de estas no pueden, después de la investigación, considerarse como casos de tortura o malos tratos, puesto que algunos de los demandantes hicieron ver que estas acusaciones habían sido alentadas por terceros, en otros casos por sus padres y que no correspondía a las conversaciones con ellos durante las visitas carcelarias. En dicho informe se cita el ejemplo de El Mortada Iamrachen, activista del Rif sentenciado a cinco años de prisión por “por terrorismo”.

HUELGA DE HAMBRE EN RECINTOS CARCELARIOS.

Sobre huelgas de hambre que pudieran producirse en las cárceles de Marruecos, se concluye que, efectivamente, se han observado “deficiencias en las medidas relativas al tratamiento de estas manifestaciones de protesta”. Para remediar esta situación las autoridades preparan “una guía que determine los roles de todos, a fin de manejar mejor estos casos” y “compensar urgentemente la falta de personal médico y de salud en los establecimientos penales”.

DERECHO A LA VIDA – PENA DE MUERTE

El año 2019 se contabilizaron 11 sentencias de muerte en primera instancia y se encuentran otras en apelación, a pesar del cese de la ejecución de la sentencia desde 1982, con la excepción del comisionado Tabit en 1993, elevando el número de personas que actualmente enfrentan la pena capital a 70 personas, incluida una mujer. El CNDH señala que entre 2009 y 2019, 119 prisioneros condenados a muerte fueron indultados por el rey, incluidos 36 solo en 2019.  En este sentido, la CNDH recomienda “la abolición de la pena de muerte”, así como “el voto a favor de la resolución de la ONU para una moratoria universal sobre la pena de muerte”.

Recomendaciones

  • Abolición de la pena de muerte;
  • Ratificar el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de

Derechos Civiles y Políticos, destinados a abolir la pena de muerte.

  • Votar a favor de la resolución de la Asamblea General de las Naciones

Unidas para detener la pena de muerte.

RELACIONES EXTRACONYUGALES Y HOMOSEXUALES.

En diversos medios y también organismos de DDHH se ha hecho referencia a la legislación que sanciona las relaciones extraconyugales y la homosexualidad. Sobre estas denuncias es importante destacar que al interior de Marruecos existe un debate sobre la despenalización de este tipo de relaciones y que el CNDH entrega asistencia a personas detenidas, adultos y homosexuales, siendo cada vez menos los casos que llegan a los tribunales.

El CNDH se ha manifestado a favor de una reforma al código penal que despenaliza las relaciones de este tipo, lo que, con algunas limitaciones, especialmente referente a menores, DHSF considera un importante avance.

Sobre la represión a homosexuales en Marruecos, es importante la opinión de Abdelá Taia, referente de la liberación sexual en el mundo árabe, quien se muestra esperanzado por los nuevos tiempos y afirma: “Decir que la situación en Marruecos es la misma que en mi infancia es mentira, porque yo crecí totalmente solo como homosexual y con un gran rechazo. Lo que ha cambiado es que hoy hay cada vez más homosexuales que se expresan libremente en Internet, en Instagram. Ahora las cosas han cambiado y se nota en que hay asociaciones, hay una revista gay en Marruecos en árabe”.

DERECHOS DE LAS MUJERES

Marruecos ha logrado una serie de avances en los derechos de las mujeres.

Además de los requisitos constitucionales que consagraban la igualdad y la no discriminación, se emitieron en los últimos años un conjunto de textos legales y reglamentarios en esta dirección, entre ellos la Ley N ° 103.13 sobre la violencia en contra de mujeres y la Ley N °. 62.17 relacionado con la tutela administrativa y gestión de propiedad.

Las defensoras de los derechos para las mujeres han creado conciencia en el conjunto de la sociedad marroquí para adquirir mayor igualdad, equidad y no guardar silencio sobre los ataques de género, especialmente las agresiones sexuales, que se han mantenido en el tiempo.

El año 2019 entro en vigor la Ley 103.13 que penaliza actos de violencia fuera y dentro del matrimonio, el acoso sexual en espacios públicos y a través de las redes sociales y otros. En contraste, quedan todavía desafíos para que las mujeres disfruten plenamente de sus derechos, incluido el empoderamiento económico, el acceso a mejores trabajos, participación política y ocupar puestos de decisión y responsabilidad.

Estos avances son indicativos también de la diferencia de Marruecos con otros países, especialmente de América Latina, donde las mujeres se encuentran lejos de alcanzar estos niveles.

Recomendaciones

  • Ratificar y acelerar el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.

LIBERTAD DE PRENSA Y OPINIÓN.

La libertad de prensa y opinión en Marruecos se encuentra garantizada en su constitución, donde concluimos que, por sobre legitimas críticas que se puedan hacer a periodistas o medios cuando las libertades son amenazadas, claramente y en la mayoría de los casos que se han denunciado fuera de Marruecos, esto apunta a crear una imagen distorsionada del país con el fin de ayudar a otros intereses que no tienen nada que ver con la libertad de prensa. Estas denuncian muestran  claras inconsistencias.

En enero de 2020 tomamos nota de una publicación de prensa que dice:

“El Gobierno marroquí ha emprendido una “campaña de represión” contra la libre expresión en las redes y los medios electrónicos, denunció hoy en rueda de prensa en Rabat un comité formado “por la liberación de todos los presos de opinión y la defensa de la libertad de expresión”.

Lo sorprendente es que, como dice la información, esta rueda se efectuó en la capital de Marruecos, sin represión ni problemas para realizarse. La ofrecía un comité creado para luchar por la libertad de expresión, en circunstancias de que esta rueda, por el solo hecho de realizarse ejerciendo el derecho a libertad de expresión sin ningún tipo de represión, desmiente por si sola lo afirmado en la nota citada. Sobre libertad de prensa en Marruecos es importante la opinión del destacado periodista Said Jedidi que, en informe al III encuentro mundial del parlamento cultural intercontinental ha dicho:

En Marruecos, no cabe la menor duda de que, desde el acceso del rey Mohamed VI al trono, hay esfuerzo y hay imaginación. Y hay también lo que debe ser infinitamente más importante, aunque no se ha tenido lo suficientemente en cuenta: la conciencia de que la reforma de la prensa en Marruecos es cuestión de todos sin excepción”. Y agrega: “Hoy, los profesionales de la prensa y de la comunicación marroquíes entendemos que la democracia se alimenta del pluralismo de ideas, opiniones y la defensa de los diversos intereses de la población. Los medios de comunicación son una de las herramientas más efectivas. Su desarrollo técnico es obvio para comprender mejor el papel de los medios y su influencia en la sociedad”.

Y concluye: “Se trata de un código moral que, de manera general, define la personalidad, el estatuto del órgano de prensa o de sus actores (periodistas) al que se refieren para definir sus prácticas, regularlas e incluso, a menudo, defenderlas contra quien pudiera sentir la tentación de censurar el ejercicio de la expresión que debe ser libre y sagrada en beneficio no solamente de los periodistas, sino de toda la sociedad”.

La libertad de opinión y expresión, como dice el periodista Jedidi, es tarea de todos y hay que defenderla cuando alguien intenta censurarla. En  Marruecos, esto se encuentra garantizado  constitucionalmente, demostrativo de ello es que, en los últimos años, no se ha prohibido ni un solo medio de comunicación autorizado, como ocurre en cualquier país y tampoco han sido censurados sitios web ni cuentas de Facebook.

Sorprende, entonces, que organizaciones internacionales, como ha ocurrido recientemente con Amnistía Internacional al publicar denuncias en contra de Marruecos acusándolo de utilizar medios de espionaje para perseguir periodistas, dañan, con este tipo de acusaciones, el trabajo de otras organizaciones defensoras de los DDHH. Preocupados por esta situación DHSF emitió una declaración titulada: “Amnesti – Marruecos y el daño a quienes defienden los derechos humanos”, donde dice:

Amnistía Internacional ha lanzado graves acusaciones de espionaje en contra del gobierno de Marruecos, con denuncias que nada tiene que ver con los DDHH. Rabat no solo desmintió las acusaciones, sino que exigió a esta corporación las pruebas de sus dichos, sin que hasta esta fecha se pudiera probar una sola denuncia, cuestión que nos parece de la mayor gravedad”. Y agrega: Durante los últimos 10 años algunas organizaciones internacionales de los DDHH, especialmente Amnistía Internacional, han entregado miradas críticas sobre el estado de estos derechos en Marruecos sin evaluar los positivos cambios ocurridos en ese país en los últimos años, especialmente lo referente a derechos humanos, donde estos derechos se encuentran garantizados constitucionalmente, además de su clara determinación de entregar reparación y justicia a quienes fueron víctimas de atropellos en años anteriores.

Y termina: Lo ocurrido, cuya responsabilidad recae en Amnistía Internacional, ha dañado definitivamente su credibilidad y perjudica la honorabilidad de otras organizaciones que, con transparencia y esfuerzo, defienden los derechos humanos en el mundo. Este incidente explica, una vez más, la necesidad de nuevas estructuras para defender los DDHH, que ofrezcan  garantías de objetividad, transparencia y seriedad, como ordena la carta de la ONU y sin influencias ajenas a la noble causa de los derechos humanos”.

De acuerdo a estos antecedentes, se concluye que en Marruecos, sin desconocer que se pueden haber cometido errores en las áreas señaladas, estos no son una política de estado, como ocurre en otros lugares, sino a responsabilidades personales e individuales de algún funcionario, muchos de los cuales y cuando se ha probado su responsabilidad en abusos, han sido puestos a disposición de la justicia. Los derechos humanos para todos los ciudadanos, hombres o mujeres, se encuentran garantizados en la constitución de Marruecos, con especial referencia a los derechos humanos. Es importante destacar el esfuerzo de las autoridades por mejorar los mecanismos administrativos y la conciencia ciudadana a través de organizaciones de la sociedad civil por ejercer sus derechos, en cuyo contexto es importante destacar el trabajo de Instancia Equidad y Reconciliación (IER), instaurada oficialmente por el rey Mohammed VI el 7 de enero de 2004 que, aunque no tiene facultades judiciales, tiene competencias oficiales para la investigación, evaluación y propuesta de reparaciones a quienes fueron víctimas de atropellos en años anteriores.

Otorgamos un alto valor al que sean  las propias autoridades quienes velan por el cumplimiento de estas disposiciones donde, el positivo rol del rey Mohamed VI y su política de reencuentro nacional, justicia y reparación para quienes fueron víctimas de atropellos a sus derechos humanos en el pasado, ha sido fundamental.

Reporte de Observador Independiente sobre migración en la frontera nor-africana de Marruecos y España.

Derechos Humanos Sin Fronteras.

Julio 2020

                                                                   Por Cristian Guzmán Zumaran                                             Abogado; Master en Cs. Políticas y Seguridad.    

Experto en DDHH.

Resumen.

El noviembre de 2014 fui invitado por el gobierno de Marruecos a participar, junto a  más 5.000 invitados, del Foro Mundial de Derechos Humanos en la ciudad de Marrakech. En la oportunidad tuve la ocasión de conocer personalmente la situación de los derechos humanos en el Reino de Marruecos y desde entonces estar atento a la evolución favorable de los compromisos de la nación árabe, especialmente en cuanto las recomendaciones de diversas agencias y organizaciones internacionales de Derechos Humanos, muchas de las cuales han sido implementados en un catálogo de programas ministeriales, tanto de asistencia social, económica, así como la mejora sustantiva de los programas de migración, los que desde el 2015 se han ido adaptando a las nuevas circunstancias en la región del oeste de áfrica del norte que limita con el mediterráneo europeo, especialmente en lo que se refiere al aumento descontrolado de la migración africana hacia España, Francia e Italia.

Marruecos ha estado muy interesado y ha sido destacado por los organismos internacionales como uno de los países donde más se ha avanzado en materia de derechos humanos en el siglo XXI. El Rey Mohamed VI a quién se le presentó el informe del Consejo Nacional de Derechos Humanos en el año 2013, que hacía énfasis acerca de la vulnerabilidad de los grupos de migrantes y solicitantes de asilo. El informe da recomendaciones sobre la adecuación de la legislación nacional a los estándares internacionales e insta a implementar una política de integración, atendido a que por el endurecimiento de las leyes migratorias en Europa, Marruecos había pasado, entre otros factores, de ser un país de paso a un país de destino de los migrantes del centro y sur de áfrica.

Fue precisamente por esas recomendaciones, que su majestad el Rey Mohamed VI instruyo a sus ministros, especialmente el de interior a que implementara programas de asistencia social y económica para las poblaciones rurales más pobres, programas que están en directa concordancia con las políticas públicas implementadas desde los años 90´s, con las que se logró eliminar la extrema pobreza en la población marroquí, especialmente en las zonas rurales y se implementaron asistencias económicas, de salud y de acceso vivencia a las poblaciones de migrantes, mejorando sustancialmente sus condiciones de vida en la última década. El informe en comento también recomendaba fortalecer la cooperación del reino con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), entre otras consideraciones para facilitar el dialogo y el intercambio de información interagencial en materia de ayuda humanitaria, servicios básicos, inclusión, regularización migratoria y acceso al conocimiento jurídico. Se destacó

Todas esas recomendaciones, ampliamente desarrolladas por el gobierno de marruecos en los últimos años dan cuenta de un nuevo y revolucionario enfoque de la política migratoria del reino árabe occidental y de su plena convicción de estar inserto en un modelo consciente de gobernabilidad moderno y acorde con los estándares de un país desarrollado, tanto en materias económicas, sociales como de derechos humanos.

Desde el 2013, el rey de marruecos instruyó a sus ministros dos campañas masivas de regulación migratoria. En la primera se dio visa de residencia formal a más de 18.000 migrantes de los 20.000 aproximados que existían hasta ese momento. Esta moderna política migratoria ha puesto a marruecos en un sitial de honor e incumbente en la Unión Africana desde el 2017.

El gobierno de marruecos ha sido igualmente muy responsable en materia migratoria, ya que no solo se trata de Derechos Humanos y poblaciones vulnerables, sino que también ha reforzado su política de fronteras, la seguridad pública y de control de grupos organizados que abusan de los vacíos legales o ciertas formas de utilización de los grupos más vulnerables para sus propósitos criminales, con estricto apego a las leyes internacionales. Se ha logrado mitigar la migración irregular, el tráfico y la trata de personas. La política de retorno y repatriación de ciudadanos, tanto nacionales como la asistencia a extranjeros que desean volver a sus países.

Todas esas medidas están destinadas a prevenir y sancionar la delincuencia organizada transnacional en materia de trata de personas y tráfico de mujeres, niños, niñas y adolescentes, para lo cual se hizo profundas enmiendas al código penal.

En materia de integración de la población migrante se puso especial enfoque en trabajo, educación y deportes, lo que permitió eliminar los índices de pobreza extrema y situación vulnerable de esos grupos de población.

El muro de Melilla fue una construcción en colaboración entre la Unión Europea, España y Marruecos, que permitió controlar la migración desmedida de personas hacia Europa y la península ibérica. Extraoficialmente en el 2014 cruzaron ilegalmente 4.000 personas solo 600 lograron su cometido. En el 2018, se estima más de 209 personas que cruzaron el muro en Melilla la frontera y llegaron a España y en el 2019 más de 2.500 personas saltaron el muro. Solo 700 fueron expulsados.

Muchos de los que logran saltar la valla de melilla son acogidos por el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), donde se les atiende en sus necesidades elementales, alimento y abrigo mientras se regulariza su situación migratoria y se tramita su expulsión como inmigrantes ilegales en la ciudad de Melilla, el proceso de extradición dura 60 días, periodo en el cual puedes ser traslados a Madrid, Barcelona o Murcia a la espera de la expulsión hacia sus países.

Mientras que por el lado marroquí en la ciudad de Nador, específicamente en los bosques, que aun cuando está a unos 15 kilómetros de Melilla y del muro, es donde se asienta la mayor cantidad de migrantes en tránsito esperando cruzar ilegalmente la frontera. Ahí se han creado espontáneamente asentamientos tolerados por las autoridades marroquís en los que periódicamente se hacen revisiones y redadas para controlar a los grupos que se juntan, los que por definición son vulnerables a los grupos de la delincuencia organizada transformándose un posible foco de población vulnerable.

Aunque hay refugiados en varias ciudades como Casablanca, Rabat, Kenitra, Skhirate/Témara, Marrakech, Uchda, la más relevante es la población de migrantes temporales de Nador por ser la ciudad fronteriza con Melilla España y que por las características especiales de la valla que permite ver al otro lado, los refugiados se sienten alentados a saltar el muro arriesgando ser atrapados en el intento.

En materia de derechos humanos de la infancia el reino de marruecos ha reconocido la transposición al derecho interno, poniéndose a la par de la convención internacional sobre el secuestro de niños, lo que permite dar seguridad jurídica a los padres y madres que por alguna razón han visto vulnerados los derechos de sus hijos en cuanto a la reunión familiar y cuando se han vulnerado resoluciones judiciales particulares en casos de tuición, cuidado personal y regímenes de visitas de los progenitores.

En materia de extradición se avanzó en acuerdos bilaterales con otros países africanos y corresponde al Fiscal General del Tribunal de Casación aprobar o rechazar una solicitud de extradición sin que sea necesario un acuerdo previo entre los países involucrados.

Recomendaciones.

1. Crear las coordinaciones para fortalecer la seguridad en las zonas de los bosques de Nador, para proteger a las poblaciones de migrantes vulnerables.

2. Igualmente, fortalecer los programas de asistencia humanitaria a los migrantes que pretenden cruzar la frontera, con programas de disuasión y oportunidad de retorno a sus países de origen o inserción en programas de habilitación que permitan evaluar la situación individual y familiar para una eventual calificación de visa de residencia.

3. Crear instancias de dialogo con agencias Europeas especializadas para focalizar la selección de personas potencialmente elegibles para una visa a la Unión Europea, España, el Reino Unido, América Latina  o Estados Unidos.

4. Fortalecer la cooperación con países en situación de proporcionar fondos para financiar programas de asistencia humanitaria a la población flotante de migrantes en situación de vulnerabilidad, especialmente en salud, alimentación, refugio y reunificación familiar. Poner especial énfasis en la atención de las mujeres, niños, niñas y adolescentes.