La Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) y la organización Derechos Humanos sin Fronteras (DHSF) se dirigen a la opinión pública, a las organizaciones sindicales, defensoras de derechos humanos y ambientales, para manifestar su posición institucional frente a las recientes iniciativas legislativas en el Congreso de la República que buscan reactivar el proyecto de la Central Hidroeléctrica de Pakitzapango en la cuenca del río Ene (Satipo, Junín).

Al respecto, señalamos que el desarrollo energético del país no debe gestionarse de espaldas a las poblaciones locales, por lo que manifestamos lo siguiente:

Todo proyecto de gran envergadura que impacte en los territorios de los pueblos originarios debe cumplir estrictamente con el Convenio 169 de la OIT y la Ley de Consulta Previa. El Congreso y el Ejecutivo no pueden promover declaratorias de "interés nacional" omitiendo este paso fundamental de diálogo intercultural y consentimiento libre e informado de las comunidades nativas.

La escala proyectada para la represa implica la inundación de áreas que forman parte del territorio legal y ancestral de comunidades Ashánincas como Potsoteni, Cutivireni y Quempiri. Un proyecto viable debe evaluar con rigurosidad técnica y sensibilidad social estos impactos para evitar el desplazamiento de familias que históricamente ya han sido vulneradas por la violencia política.

El cañón de Pakitzapango posee un alto valor ecológico y cultural para el pueblo Asháninka, colindando con la Reserva Comunal Asháninka y el Parque Nacional Otishi. La viabilidad de cualquier infraestructura debe asegurar la preservación de la biodiversidad, la seguridad alimentaria y el respeto a la cosmovisión de Coincidimos en la necesidad de fortalecer la seguridad energética del Perú, pero sostenemos que el verdadero progreso se construye con licencia social, transparencia y una distribución justa de los beneficios, priorizando siempre el bienestar de las comunidades locales y no solo el rendimiento comercial.

Por lo tanto, exigimos la suspensión de cualquier trámite legislativo o administrativo sobre la hidroeléctrica de Pakitzapango hasta que se garantice, de manera formal y efectiva, el proceso de Consulta Previa con la Central Asháninka del Río Ene (CARE) y sus 45 comunidades nativas.

Exhortamos al Estado y a los sectores promotores a canalizar estas iniciativas mediante el diálogo institucional, el respeto al marco constitucional y los tratados internacionales de derechos humanos. El desarrollo del Perú será sostenible solo si se edifica sobre la base del respeto mutuo y la inclusión de sus pueblos originarios.

Lima, junio de 2026.

CONFEDERACIÓN GENERAL DE TRABAJADORES DEL PERÚ (CGTP) DERECHOS HUMANOS SIN FRONTERAS (DHSF)