CIDH y ONU Derechos Humanos piden proteger de la violencia a los pueblos indígenas en Brasil

Washington, D.C./Santiago de Chile – La CIDH y la Oficina Regional para América del Sur de ONU Derechos Humanos reiteran su máxima preocupación por la serie de ataques, amenazas y amedrentamientos reportados por varios pueblos indígenas en Brasil. Ambas entidades urgen al Estado brasileño a investigar y sancionar estos casos con la debida diligencia, así como a implementar medidas urgentes y efectivas de protección de la vida e integridad, tanto de quienes forman parte estos pueblos como de quienes defienden sus derechos.

De acuerdo a información levantada por ONU Derechos Humanos, con base en información provista por organizaciones de la sociedad civil, al menos seis personas indígenas han sido asesinadas en el país en lo que va del año, superando la cifra de las cuatro muertes registradas en todo el año 2021.

El 24 de junio de 2022, dos comunidades indígenas Guaraní y Kaiowá en Mato Grosso do Sul fueron víctimas de ataques armados por parte de grupos conformados por la policía militar y personas civiles. Ambas situaciones ocurrieron en el marco de procesos de desalojos de personas indígenas de tierras que las comunidades Guaraní y Kaiowá reclaman como ancestrales. Durante los distintos operativos, agentes dispararon en tierra y también desde un helicóptero, lo que habría resultado en una persona indígena fallecida y más de 10 heridas –entre ellas mujeres, niñas y niños. Los operativos se habrían realizado sin autorización judicial y contraviniendo la prohibición por parte del Supremo Tribunal Federal de desalojos forzosos hasta el 31 de octubre en el país.

A su vez, el 15 de junio se reportó que un hombre indígena de 61 años fue acusado de portar un arma y golpeado hasta morir por policías militares en Pernambuco, lo que constituiría un caso de uso excesivo de la fuerza por parte de agentes del Estado.

La CIDH y la Oficina Regional de ONU Derechos Humanos observan con preocupación la implicación de las fuerzas policiales en varios casos de violencia contra los pueblos indígenas en Brasil, por lo que urgen al Estado a erradicar la discriminación y perfiliamento racial por parte de las fuerzas de seguridad. También piden investigar con celeridad las denuncias de que agentes policiales actúan junto a propietarios privados en contra de los pueblos indígenas que reivindican tierras ancestrales.

El informe de la CIDH sobre la Situación de derechos humanos en Brasil constata la grave situación humanitaria de los pueblos Guaraní y Kaiowá debido a la violación de sus derechos territoriales y los ataques que han sufrido en el contexto de la defensa de sus derechos. Se observa que los principales problemas relacionados con la defensa territorial y ambiental son la intimidación, las amenazas, ataques y criminalización contra personas defensoras, líderes y comunidades indígenas.

Esa problemática puede ser constatada también en las medidas cautelares otorgadas por la CIDH a favor de los pueblos indígenas Guajajara, Awá, Munduruku, Yanomami y Ye’kwana, solicitando al Estado de Brasil la adopción de las medidas necesarias para proteger los derechos a la salud, vida e integridad personal de las personas integrantes de estos en el contexto de la pandemia, particularmente a raíz de la presencia de personas no autorizadas que explotan recursos naturales en sus territorios. Además, ante la persistencia y agravación de esta situación, la Comisión solicitó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos medidas provisionales para los pueblos Yanomami, Ye´kwana y Munduruku.

En este contexto de hostilidades contra los derechos de los pueblos indígenas, cabe recordar el brutal asesinato del experto indigenista brasileño Bruno Pereira y del periodista británico Dom Phillips, ocurrido a principios de junio en la Amazonía brasileña. Destacadas personas defensoras de los derechos de los pueblos indígenas y del medio ambiente, ambos fueron asesinados cuando se dirigían a una comunidad indígena en el marco de una investigación sobre los impactos de la minería ilegal y otras actividades ilícitas perpetradas por grupos armados en el Vale do Javari, estado de Amazonas. Casos de este tipo ponen de manifiesto la vulnerabilidad de las personas que defienden los derechos de los pueblos indígenas y el medio ambiente en el país. En ese punto, el Estado de Brasil informó que reconoce y valora el papel de las personas defensoras de derechos humanos, incluidos aquellos desarrollados por personas indígenas y, por lo tanto, ha adoptado medidas de protección a más de 540 personas defensoras de todo el país, incluyendo una persona Yanomami y tres personas Munduruku con liderazgo.

La Comisión y ONU Derechos Humanos reiteran que el Estado debe realizar procesos de investigación, sanción y reparación en relación con sucesos de amenazas, ataques y violencia contra integrantes de pueblos indígenas, causados por agentes estatales o privados a raíz de actividades de defensa territorial y ambiental por parte de los pueblos indígenas. También urgen a proteger el rol y la integridad de las personas y grupos que defienden los derechos humanos de los pueblos indígenas y el medio ambiente. Al respecto, el Estado informó que toma con seriedad las denuncias de hechos de violencia en contra de los pueblos indígenas, avanzando procedimientos de investigación, sanción de los perpetradores de las violaciones en los casos informados. Asimismo, explicó que las políticas de seguridad son de responsabilidad de las autoridades locales y que, cuando sea necesario y en coordinación con las autoridades locales, podrían movilizar fuerzas federales, en particular la Fuerza Nacional de Seguridad y la Policía Federal.

A la vez, recuerdan sobre la importancia de agilizar la resolución de solicitudes de delimitación, demarcación y titulación de tierras y territorios tradicionales en conformidad con los estándares internacionales e interamericanos. En esa línea, urgen a que el Estado de Brasil adopte todas las medidas necesarias para revisar y modificar disposiciones en órdenes o directrices judiciales, como la tesis jurídica del “marco temporal”, que son incompatibles con las obligaciones internacionales del Estado de garantizar y proteger los derechos territoriales de los pueblos indígenas.

La Oficina Regional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU Derechos Humanos) es la principal entidad de las Naciones Unidas en el ámbito de los derechos humanos. La Asamblea General encomendó a la Alta Comisionada y a su Oficina la misión de promover y proteger todos los derechos humanos de todas las personas. ONU Derechos Humanos proporciona asistencia en forma de competencias técnicas y fomento de capacidad para apoyar la aplicación sobre el terreno de las normas internacionales de derechos humanos. ONU Derechos Humanos ayuda a los gobiernos, que tienen la responsabilidad primordial de proteger los derechos humanos, a cumplir con sus obligaciones y apoya a los individuos en la reivindicación de sus derechos. Además, denuncia de manera objetiva las violaciones de derechos humanos.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

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